Modelo chino y diferencias URSS-China (entrevista)

Pregunta 1: Desde su perspectiva como experto, ¿cuáles cree que fueron los errores estructurales de las reformas de Mijaíl Gorbachov (Perestroika) que Deng Xiaoping consiguió prever y evitar en China a partir de 1978? 

La principal diferencia entre las reformas impulsadas por Deng Xiaoping en China a partir de 1978 y las emprendidas por Mijaíl Gorbachov en la Unión Soviética desde mediados de los años ochenta no reside tanto en sus objetivos generales -ambos buscaban superar un modelo económico que había dejado de responder adecuadamente a las necesidades del país- como en la secuencia, el ritmo y las prioridades de la reforma.

Desde esta perspectiva, uno de los grandes aciertos de Deng fue comprender que la reforma económica y la transformación política no podían avanzar simultáneamente al mismo ritmo sin poner en riesgo la estabilidad del sistema. China optó por una reforma gradual, experimental y controlada; la URSS, especialmente con Gorbachov, terminó emprendiendo una transformación mucho más rápida y sistémica, en la que la apertura política, exigida imperativamente por Occidente, acabó desbordando la capacidad de control de las instituciones.

Hay, por tanto, un contraste entre dos métodos. En China predominó la progresividad: las reformas se introducían de manera escalonada, evitando desmantelar de golpe las estructuras existentes. La economía planificada no fue sustituida inmediatamente por otra lógica, sino que se fueron introduciendo mecanismos de mercado dentro de un sistema que conservaba inicialmente buena parte de sus instrumentos de planificación y control. La famosa fórmula de Deng de “cruzar el río tanteando las piedras bajo los pies” expresa precisamente esa concepción experimental de la reforma.

El segundo elemento fue la experimentación. China ensayó políticas en ámbitos territoriales o sectoriales limitados antes de extenderlas. Las zonas económicas especiales, la liberalización progresiva de la agricultura, las empresas de los gobiernos locales o las distintas fórmulas de propiedad y gestión permitieron experimentar, evaluar resultados y corregir errores. La reforma no se concebía como la aplicación de un proyecto cerrado, sino como un proceso de aprendizaje institucional. En la URSS, por el contrario, la perestroika tuvo mayores dificultades para generar espacios controlados de experimentación y terminó afectando simultáneamente a demasiados componentes del sistema.

Un tercer elemento decisivo fue la jerarquización de las prioridades. Deng entendió que la modernización económica requería preservar durante mucho tiempo la capacidad de dirección del Partido Comunista. La apertura económica precedió ampliamente a la liberalización política. No se trataba de democratizar primero para reformar después, sino de fortalecer la economía, elevar el nivel de vida y transformar progresivamente las estructuras productivas manteniendo el control político. Gorbachov siguió una trayectoria diferente: la perestroika estuvo acompañada por la glasnost y por una creciente apertura del debate público. La liberalización política terminó generando dinámicas que hicieron mucho más difícil controlar la reforma económica y, finalmente, cuestionaron el propio monopolio político del Partido Comunista.

Aquí aparece quizá el error estructural más importante de la experiencia soviética: la reforma económica terminó produciéndose en un contexto de deslegitimación política creciente, mientras que la reforma política debilitaba simultáneamente los mecanismos capaces de gestionar la transformación económica. Se generó así una especie de círculo vicioso. La apertura reveló problemas, conflictos nacionales, corrupción, ineficiencias y déficits acumulados que hasta entonces habían permanecido parcialmente ocultos; pero la desaparición progresiva de los mecanismos tradicionales de autoridad no fue acompañada por instituciones alternativas capaces de ordenar el proceso.

China hizo, en cambio, una apuesta por lo que podríamos denominar reforma sin ruptura. Deng no pretendió reconstruir desde cero el sistema, sino modificarlo progresivamente conservando aquellos elementos que consideraba esenciales para la estabilidad política. El Partido debía mantener el control del proceso, precisamente para evitar que la reforma terminara convirtiéndose en una transformación incontrolada del sistema.

Hay además una diferencia fundamental en la relación entre crecimiento económico y legitimidad política. Deng comprendió muy pronto que la legitimidad del Partido después de Mao tendría que descansar cada vez más en su capacidad para mejorar las condiciones materiales de la población. Por eso, crecimiento, modernización y estabilidad quedaron estrechamente vinculados. La reforma debía producir resultados tangibles antes de plantearse nuevos pasos. En la URSS, en cambio, la perestroika no consiguió generar rápidamente mejoras económicas perceptibles; en algunos ámbitos produjo incluso desorganización y deterioro, mientras aumentaban las expectativas políticas y sociales.

Por eso, más que afirmar que Deng “conocía de antemano” el fracaso de Gorbachov -las reformas chinas comenzaron en 1978, varios años antes de la llegada de Gorbachov al poder en 1985-, sería más preciso decir que la experiencia china desarrolló una lógica de reforma que posteriormente se revelaría mucho más resistente que la soviética. Y, cuando la crisis soviética se hizo evidente, los dirigentes chinos estudiaron con enorme atención sus causas y reforzaron todavía más la convicción de que China no debía seguir ese camino.

En definitiva, los principales “deméritos” de la reforma soviética pueden contemplarse precisamente como el reverso de algunas de las virtudes metodológicas de la reforma china: frente a la progresividad, aceleración; frente a la experimentación, generalización de cambios de gran alcance; frente a la jerarquización, simultaneidad de transformaciones económicas y políticas; frente al mantenimiento de un centro político fuerte, debilitamiento de la autoridad del Partido; y frente a una apertura económica destinada a reforzar la legitimidad del sistema, una apertura política que terminó cuestionando sus propios fundamentos.

La gran lección que China extrajo de la experiencia soviética fue, por tanto, que reformar un sistema no equivale a desmontarlo. La modernización podía exigir transformar profundamente la economía, las instituciones y la sociedad, pero, desde la perspectiva de Beijing, debía hacerse preservando la capacidad del Partido para conducir ese proceso. Esa diferencia metodológica ayuda a explicar por qué dos grandes experiencias de reforma del socialismo, iniciadas con problemas estructurales comparables, terminaron teniendo resultados históricos radicalmente diferentes.

Deng no evitó los problemas mediante una fórmula económica milagrosa, sino mediante un método político de reforma: gradualidad, experimentación, secuenciación y conservación del centro de poder. Y ahí podemos introducir un matiz interesante: Deng no fue necesariamente más reformista que Gorbachov; fue más prudente acerca de qué debía reformarse primero y qué no debía ponerse en cuestión.

Pregunta 2: La línea oficial de la República Popular China defiende que su modelo actual es un “socialismo en desarrollo” (en primera fase), y no con un fin capitalista. ¿Considera académicamente válida esta definición u opina que es una justificación ideológica de un capitalismo de estado práctico?

La definición oficial china de su sistema como un “socialismo en la etapa primaria” puede ser considerada académicamente válida si entendemos que estamos ante una categoría de la propia tradición teórica del Partido Comunista de China, y no simplemente ante una descripción neutral del sistema económico. Otra cuestión es hasta qué punto esa categoría explica adecuadamente la realidad china actual.

La noción de “etapa primaria del socialismo” tiene un fundamento teórico preciso. La idea es que China, después de décadas de atraso económico y de una larga fase de acumulación y modernización, todavía no habría alcanzado las condiciones materiales necesarias para una forma desarrollada de socialismo. De ahí que durante un período prolongado puedan coexistir mecanismos de mercado, diferentes formas de propiedad, desigualdades de renta y acumulación de capital con una estructura política y unos objetivos estratégicos que el Partido sigue definiendo como socialistas.

Desde esta perspectiva, no considero suficiente identificar automáticamente mercado, empresa privada o acumulación de capital con capitalismo. Es precisamente ahí donde la experiencia china introduce una dificultad analítica interesante. El mercado puede ser utilizado como instrumento de asignación de recursos sin que ello implique necesariamente que el conjunto del sistema quede organizado conforme a una lógica capitalista. La cuestión fundamental es quién establece las grandes orientaciones, quién conserva el control sobre los sectores estratégicos, qué papel desempeña la propiedad pública y, sobre todo, cuál es la finalidad política atribuida al proceso de desarrollo.

Dicho esto, tampoco creo que debamos aceptar sin más la definición oficial. El sistema chino presenta contradicciones reales y muy profundas. Existe un amplio sector privado, una fuerte utilización de mecanismos de mercado, importantes procesos de acumulación de capital, desigualdades significativas y empresas que funcionan según criterios de rentabilidad y competencia. Todo ello aproxima determinados ámbitos de la economía china a lógicas inequívocamente capitalistas. Por eso me parece más apropiado hablar de un híbrido sistémico en transición que de una realidad perfectamente encuadrable en las categorías clásicas de socialismo o capitalismo.

Hay además una cuestión histórica importante. Durante el denguismo pudieron existir mayores ambigüedades acerca de hacia dónde conduciría finalmente esta transformación. La introducción del mercado y la apertura al capital extranjero fueron de tal magnitud que algunos interpretaron que China estaba iniciando una transición hacia el capitalismo. Sin embargo, conviene recordar que fue el propio Deng Xiaoping quien formuló los Cuatro Principios Fundamentales, entre ellos la defensa del camino socialista y del liderazgo del Partido Comunista. Es decir, la apertura económica nunca fue concebida, al menos en la formulación política de Deng, como una renuncia al socialismo.

Con Xi Jinping encontramos una reafirmación mucho más explícita de esa continuidad. El xiísmo ha insistido particularmente en la “misión fundacional” del Partido, en la continuidad histórica del socialismo chino y en la necesidad de evitar que la reforma económica termine modificando la naturaleza política del sistema. Conceptos como “prosperidad común”, el fortalecimiento de la economía pública, la regulación del capital privado o la insistencia en que el mercado debe desempeñar un papel importante pero no soberano deben interpretarse dentro de esta concepción.

Esto no significa que las contradicciones hayan desaparecido. Al contrario: probablemente sean más visibles precisamente porque China se encuentra en una fase en la que conviven estructuras y lógicas diferentes. El desafío consiste en determinar hasta qué punto el Estado y el Partido pueden utilizar -y gobernar- el mercado sin terminar subordinándose a la lógica del capital. Ésta es, en el fondo, una de las grandes cuestiones abiertas de la experiencia china.

Por ello, no definiría el modelo chino simplemente como un “capitalismo de Estado” y tampoco considero suficiente reproducir sin matices la autodefinición oficial. Ambas categorías captan una parte de la realidad y dejan fuera otra. “Capitalismo de Estado” permite comprender la enorme capacidad del Estado para orientar la economía y utilizar empresas y mecanismos capitalistas al servicio de objetivos estratégicos, pero puede resultar insuficiente para explicar la persistencia de una estructura política que continúa reivindicando explícitamente una finalidad socialista. La definición oficial, por su parte, explica la lógica ideológica e institucional del sistema, pero no elimina las contradicciones que generan el mercado, la propiedad privada y la acumulación.

Por eso prefiero hablar de un híbrido sistémico en transición: un sistema predominantemente socialista en su estructura política y en la orientación estratégica de su desarrollo, pero que utiliza de manera extensa instrumentos de mercado y formas de propiedad no estatales. Su singularidad reside precisamente en que China no parece entender la modernización como un proceso destinado necesariamente a culminar en el capitalismo.

La cuestión, por tanto, no es tanto si China “es realmente socialista” o “es realmente capitalista”, una disyuntiva que puede resultar demasiado rígida, sino qué dirección está tomando la combinación de ambos elementos y quién conserva la capacidad de determinar esa dirección. A día de hoy, considero que sigue existiendo un predominio de los elementos socialistas en el sentido político e institucional del sistema y, sobre todo, un empeño explícito por consolidar una modernización de signo no capitalista. Otra cosa es que ese proyecto pueda tener éxito: ésa es precisamente una de las grandes incógnitas históricas de la China contemporánea.

Pregunta 3: ¿Qué elementos clave del control estatal de China de hoy en día (como las directrices a empresas tecnológicas o el control de la propiedad de la tierra) cree que hacen imposible catalogar el país dentro del marco del capitalismo liberal clásico? 

Precisamente uno de los elementos que hace difícil encajar a China en el marco del capitalismo liberal clásico es que el mercado existe, pero no constituye el principio ordenador último del sistema. China utiliza ampliamente mecanismos de mercado, competencia y propiedad privada, pero conserva instrumentos de intervención y dirección económica que serían difícilmente compatibles con una concepción liberal clásica de la economía.

El primer elemento es la propiedad de la tierra. En China no existe un mercado de suelo comparable al de las economías capitalistas liberales. La tierra urbana es propiedad del Estado y la rural pertenece a colectivos, mientras que los particulares y las empresas disponen fundamentalmente de derechos de uso. Esto proporciona a las autoridades una capacidad extraordinaria para orientar el desarrollo territorial, urbanístico e industrial. No es una cuestión secundaria: el régimen de propiedad de la tierra afecta directamente a la distribución de recursos, a la planificación urbana y a la capacidad del Estado para impulsar grandes proyectos de infraestructura y transformación territorial.

El segundo elemento es el papel de las empresas estatales, especialmente en sectores considerados estratégicos. Energía, telecomunicaciones, finanzas, transporte, defensa o determinadas industrias básicas continúan contando con una fuerte presencia pública. Pero incluso cuando la actividad económica está formalmente abierta a empresas privadas, el Estado conserva instrumentos para establecer prioridades, orientar inversiones y condicionar comportamientos empresariales.

Un tercer elemento es precisamente la capacidad de dirección sobre el sector privado. Las grandes empresas tecnológicas constituyen un buen ejemplo. Las autoridades pueden modificar las reglas de funcionamiento de un sector entero, establecer restricciones a determinadas prácticas empresariales, intervenir en cuestiones relacionadas con los datos, la competencia o la seguridad y exigir a las empresas que acomoden sus actividades a objetivos considerados de interés nacional. Esto no significa que las empresas privadas hayan dejado de existir ni que el Estado determine cada una de sus decisiones, pero sí que la autonomía empresarial tiene unos límites mucho más estrechos que en el capitalismo liberal. Por no hablar de la presencia creciente de las organizaciones del Partido en su estructura con el propósito de garantizar su permanente adecuación.

A ello habría que añadir el sistema financiero. La banca pública y el fuerte peso de las instituciones financieras bajo control estatal proporcionan al Gobierno instrumentos para canalizar crédito hacia determinados sectores y proyectos. La financiación puede, por tanto, convertirse en una herramienta de política industrial y tecnológica. Esto ha sido especialmente relevante en ámbitos considerados estratégicos, desde las infraestructuras hasta las nuevas tecnologías, la transición energética o la fabricación avanzada.

Hay además un elemento que considero todavía más importante: la planificación. Aunque China ya no funciona mediante una economía planificada en el sentido clásico soviético, los planes quinquenales continúan estableciendo grandes prioridades nacionales. No determinan cada precio ni cada decisión empresarial, pero sí ofrecen un marco dentro del cual se orientan inversiones, políticas industriales, investigación científica, innovación tecnológica y desarrollo regional. Es una planificación mucho más flexible y compatible con el mercado, pero sigue siendo planificación.

Por eso, la diferencia fundamental con el capitalismo liberal clásico no consiste simplemente en que “China tenga más Estado”. Muchos países capitalistas tienen Estados intervencionistas y políticas industriales. La diferencia está en la relación jerárquica entre Estado, Partido y mercado. En China, el mercado opera dentro de un marco político en el que el Partido Comunista conserva la capacidad última de definir las grandes prioridades económicas y sociales. El mercado es considerado un instrumento importante para el desarrollo, pero no una instancia autónoma frente al poder político.

Esto explica también algunas de las aparentes contradicciones del sistema. China puede promover simultáneamente el desarrollo de empresas privadas y reforzar el control político sobre ellas; puede defender el mercado y, al mismo tiempo, ampliar la regulación; puede estimular la competencia y mantener empresas estatales dominantes en sectores estratégicos. Desde una perspectiva liberal, estas combinaciones pueden parecer contradictorias. Desde la lógica del modelo chino, no necesariamente lo son: el mercado debe funcionar, pero dentro de los objetivos generales establecidos por el Estado y el Partido.

Por eso tampoco considero que la expresión “capitalismo de Estado” resuelva completamente el problema. Describe bien la utilización de mecanismos capitalistas bajo una fuerte dirección estatal, pero deja en segundo plano una dimensión esencial: el sistema político chino no se presenta como un Estado que utiliza el capitalismo como finalidad, sino como un Estado que utiliza el mercado como instrumento de una estrategia de desarrollo que continúa definiéndose como socialista.

En definitiva, quizá la característica más distintiva de China sea precisamente ésta: no ha elegido entre Estado y mercado, sino que ha construido una relación jerárquica entre ambos. El mercado desempeña un papel decisivo en la asignación de recursos y en la generación de riqueza, pero el Estado conserva instrumentos suficientes para intervenir cuando considera que están en juego objetivos estratégicos, estabilidad social, seguridad nacional o prioridades de desarrollo.

Eso permite entender por qué hablar simplemente de “capitalismo chino” puede ser tan insuficiente como negar la existencia de importantes dinámicas capitalistas. China ha construido algo diferente: una economía de mercado profundamente integrada en la economía mundial, pero políticamente subordinada a un Estado que conserva capacidades de dirección extraordinariamente amplias. Y ésa es, precisamente, una de las razones por las que su experiencia resulta tan difícil de encajar en las categorías económicas tradicionales.

En suma, Deng evitó la ruptura soviética mediante una reforma gradual y controlada; el resultado fue un sistema híbrido que China sigue definiendo como socialista; y la clave para entender ese híbrido es que el mercado está subordinado a una estructura política y estatal que conserva capacidades de dirección que no corresponden al capitalismo liberal clásico.

(Cuestionario de Ignasi Cuevas para TFR)


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