Durante años, una de las críticas recurrentes de Estados Unidos y Europa a China fue que subordinaba la protección ambiental a sus ambiciones de desarrollo. Beijing debía reducir sus emisiones, abandonar el carbón y asumir mayores responsabilidades en la lucha contra el cambio climático. El argumento se fundamentaba en que el crecimiento chino se asentó durante décadas sobre un modelo intensivo en energía y dependiente de los combustibles fósiles. Sin embargo, aquella crítica contenía también la premisa implícita de que Occidente estaba en mejores condiciones para liderar la transformación ecológica global.

Hoy esa premisa necesita una revisión profunda. Como todos los países, China continúa afrontando importantes desafíos ambientales, pero se ha convertido asimismo en una potencia industrial decisiva para la transición energética. Su posición en la fabricación de paneles solares, baterías y vehículos eléctricos no es una promesa de futuro, sino una realidad que condiciona las posibilidades de descarbonización de buena parte del planeta. Según la Agencia Internacional de la Energía, China concentraba en 2025 el 70% de la producción mundial de automóviles eléctricos y más del 80% de la fabricación de celdas para baterías. La concentración industrial es particularmente acusada en la cadena fotovoltaica.

Por tanto, paradójicamente, quienes durante tanto tiempo reclamaron a China que acelerase su transformación ambiental contemplan ahora con inquietud que esa transformación haya producido ventajas competitivas capaces de alterar el equilibrio industrial mundial. Y la respuesta, especialmente en Estados Unidos y la Unión Europea, consiste cada vez más en levantar barreras, imponer aranceles y limitar la penetración de productos chinos en sus mercados.

El caso europeo resulta particularmente revelador. En octubre de 2024, la Comisión Europea impuso derechos compensatorios definitivos a los vehículos eléctricos fabricados en China. Bruselas sostiene que debe proteger a sus fabricantes frente a la competencia. La industria automovilística europea genera empleo, conocimiento, actividad exportadora y una extensa red de proveedores. Pero reconocer esas razones no elimina la contradicción de fondo. ¿Qué ocurre cuando la defensa de una industria amenazada entra en tensión con la velocidad de la transición energética que esa misma industria debe protagonizar? ¿Hasta qué punto puede invocarse la emergencia climática mientras se encarecen o restringen algunas de las tecnologías necesarias para afrontarla?

La contradicción no reside en que Europa pretenda desarrollar capacidades industriales propias. Disponer de una base tecnológica autónoma, diversificar proveedores y reducir dependencias excesivas son objetivos legítimos. El problema aparece cuando la autonomía estratégica se convierte en una justificación indiscriminada para dificultar la difusión de tecnologías limpias, sin garantizar que las capacidades nacionales puedan sustituirlas con rapidez y a precios competitivos.

Porque el clima no espera a que se resuelvan las disputas comerciales. Cada retraso en la electrificación del transporte, el despliegue renovable o el almacenamiento energético tiene implicaciones para las emisiones. Y los costes de esa demora no se distribuyen únicamente entre las economías enfrentadas ya que los soporta el conjunto del planeta, especialmente las sociedades más vulnerables y con menos recursos para adaptarse.

La cuestión adquiere una dimensión aún mayor si consideramos la posición de los países en desarrollo. Para muchas economías, el acceso a tecnologías verdes asequibles no constituye un asunto secundario de política industrial, sino una condición para ampliar el suministro eléctrico, mejorar sus infraestructuras y compatibilizar el crecimiento con la reducción de emisiones. Si las tensiones geopolíticas restringen la circulación de equipos, elevan los precios o fragmentan las cadenas de suministro, la transición corre el riesgo de avanzar más lentamente y de hacerlo de manera más desigual.

La COP31, que se celebrará en Antalya del 9 al 20 de noviembre de 2026, ofrece una oportunidad para afrontar esta tensión. La agenda climática no puede limitarse a revisar compromisos de reducción de emisiones o discutir la financiación que los países desarrollados deben aportar. También necesita abordar las condiciones económicas y comerciales que hacen posible la transición. La cuestión es cómo garantizar que la competencia industrial, las medidas de defensa comercial y las políticas de seguridad económica no terminen erosionando los objetivos climáticos acordados internacionalmente.

La respuesta no debería ser elegir entre China y Occidente. Sería equivocado ignorar la contribución de las tecnologías chinas a la expansión mundial de las energías renovables y la movilidad eléctrica.Por eso debemos evitar que fortalecer las capacidades industriales europeas derive en que las barreras comerciales se conviertan en obstáculos permanentes para la descarbonización.

Europa tiene razones para defender su industria, pero también una responsabilidad particular en la defensa del multilateralismo climático. Si las proclamaciones ambientales se subordinan sistemáticamente a los intereses económicos inmediatos, la transición verde corre el riesgo de convertirse en una retórica selectiva, es decir, universal cuando se trata de exigir esfuerzos a los demás, pero negociable cuando obliga a revisar las propias estructuras productivas.

Durante mucho tiempo se reprochó a China que antepusiera el desarrollo al clima. Ahora que ha convertido una parte sustancial de la transición ecológica en una ventaja industrial, Occidente se enfrenta a la prueba de demostrar que sus compromisos ambientales resisten también cuando la transformación cuestiona posiciones económicas consolidadas.

Debiéramos aplicar a todos el mismo criterio. Si la emergencia climática es realmente global, las tecnologías que ayudan a afrontarla no pueden quedar enteramente subordinadas a la rivalidad entre potencias. La transición verde necesita industria, inversión e innovación, pero también coherencia política.

En Antalya habrá que decidir si el comercio se aborda como un capítulo secundario de la agenda climática o como una de las condiciones que determinan su éxito. Porque proteger el empleo y preservar capacidades estratégicas deben ser objetivos compatibles con la descarbonización. Lo que resulta mucho más difícil de justificar es invocar la protección del planeta para después levantar barreras que encarezcan o retrasen las herramientas necesarias para protegerlo.