Hubo un tiempo en que Estados Unidos impartía lecciones sobre el respeto a las reglas. Hoy amenaza con cambiar el reglamento mientras el partido ya está en juego. Pocas metáforas describen mejor el estado del orden internacional. Si hasta un Mundial de fútbol puede verse salpicado por la tentación de adaptar las normas a la conveniencia del más poderoso, quizá el problema ya no sea deportivo, sino profundamente político.

Durante décadas se habló insistentemente de un “orden internacional basado en reglas”. La expresión se convirtió casi en un mantra diplomático. Se exigía a los demás respetarlas y asumir que constituían el fundamento de la estabilidad global. Lo llamativo es que quien parece haber perdido antes la fe en ese principio sea precisamente quien más contribuyó a difundirlo.

Lo sucedido estos días trasciende con mucho el ámbito deportivo. Constituye, sobre todo, un reflejo de una forma de entender las relaciones internacionales en la que las reglas dejan de ser un marco compartido para convertirse en un instrumento aplicable o prescindible según convenga. Los aranceles convertidos en arma política, las sanciones unilaterales, la coerción económica, la presión sobre aliados, el cuestionamiento de organismos internacionales o la utilización selectiva del derecho internacional responden a esa misma lógica de que las reglas son excelentes… siempre que no limiten la libertad de acción del más fuerte.

La Administración Trump ha llevado hasta extremos inéditos esa tensión, proyectando una imagen de arbitrariedad que ha deteriorado la credibilidad de unas instituciones cuya legitimidad dependía precisamente de la percepción de imparcialidad.

En este contexto adquiere una relevancia singular el reciente Libro Blanco chino sobre la gobernanza global. Su publicación llega en un momento particularmente oportuno, cuando el creciente malestar de numerosos países alimentan la búsqueda de fórmulas alternativas de organización internacional.

No puede decirse que China haya modificado sustancialmente sus principios. Desde hace años insiste en conceptos como el multilateralismo, el respeto a la soberanía, la consulta entre iguales o la construcción de una “comunidad de futuro compartido”. Lo que sí ha cambiado es el marco internacional y, sobre todo, la conciencia por parte de Beijing de que su peso económico, tecnológico y diplomático le confiere una responsabilidad mucho mayor en la configuración del sistema global.

El mensaje chino no se dirige exclusivamente a Occidente. Su verdadero destinatario es el Sur Global, un espacio extraordinariamente heterogéneo cuyos integrantes mantienen intereses muy diversos e incluso contrapuestos. Basta observar las dificultades de coordinación existentes dentro de los BRICS para comprobar que no constituye aun un bloque consistente. Sin embargo, sí comparte esa aspiración ampliamente extendida de una distribución más equilibrada del poder internacional, una mayor participación en la toma de decisiones y una menor subordinación a las prioridades de las grandes potencias tradicionales.

Es precisamente sobre ese terreno donde la estrategia discursiva de China encuentra hoy un espacio mucho más receptivo. Cada gesto unilateral de Washington, cada cuestionamiento de las instituciones multilaterales y cada utilización selectiva de las reglas internacionales contribuyen a reforzar el argumento chino de que la arquitectura heredada necesita una profunda actualización.

Beijing no pretende ya limitarse a crear nuevas plataformas de cooperación. Aspira, además, a que el incremento de su peso real encuentre un reconocimiento equivalente dentro de las instituciones existentes. En otras palabras, reclama que la distribución del poder institucional refleje las transformaciones experimentadas por la economía y la geopolítica mundiales durante las últimas décadas.

Al poner en cuestión el funcionamiento de organizaciones internacionales, tensionar las relaciones con aliados tradicionales y privilegiar una lógica de fuerza sobre una lógica normativa, Trump ofrece a China un poderoso argumento para defender la necesidad de reformar la gobernanza mundial.

Naturalmente, ello no significa que las propuestas chinas carezcan de intereses propios ni que susciten una aceptación automática. También generan reservas, interrogantes y desconfianzas. Pero la cuestión esencial reside en que cuanto mayor sea la percepción de incoherencia entre el discurso occidental y su práctica política, mayor será la disposición de numerosos países a escuchar alternativas.

Quizá la principal paradoja de este momento histórico sea precisamente esa. Mientras Washington debilita la legitimidad del sistema que ayudó a construir, Beijing procura presentarse como defensor de la estabilidad institucional y del multilateralismo reformado. No porque aspire a conservar intacto el orden vigente, sino porque considera que su transformación debe producirse mediante reglas negociadas y con un reparto del poder más acorde con la realidad del siglo XXI.

La revolución tecnológica, la inteligencia artificial, la transición energética, la regulación de las plataformas digitales o la gobernanza de las nuevas industrias exigirán acuerdos internacionales cada vez más complejos. Ninguno de esos desafíos podrá afrontarse eficazmente desde la unilateralidad o la coerción. Requerirán instituciones dotadas de legitimidad, reglas previsibles y mecanismos de participación aceptados por la mayoría de los actores.

La crisis del orden internacional obliga a preguntarse quién está dispuesto a formular un proyecto creíble de gobernanza global. Hasta ahora, China ha comprendido la importancia estratégica de ofrecer un relato.El problema para Occidente no es únicamente que China lo proponga sino que cada vez necesita esforzarse menos para hacerlo convincente.

(Para Diario El Correo)