A finales de este mes de octubre, la máxima dirigencia china se reunirá en el quinto pleno del XX Comité Central del Partido Comunista (PCCh), convocado del 26 al 29, en lo que será uno de los grandes hitos políticos del año y el primer tramo de la cuenta atrás hacia el próximo Congreso del Partido, previsto para 2027. La agenda oficial sitúa en el centro del encuentro la capacidad de gobernanza, una cuestión que puede adquirir una dimensión estratégica.

Más allá de las formulaciones reglamentarias, el pleno puede leerse como una nueva etapa en la evolución del xiísmo. Si durante buena parte de las últimas décadas la modernización china se asoció a la reforma y la apertura, el énfasis actual parece desplazarse hacia la premisa de que la culminación de dicho proceso dependerá, en última instancia, de la fortaleza institucional del PCCh y de su capacidad para gestionar un horizonte cada vez más complejo.

No es una cuestión menor. China encara en los próximos años una agenda extraordinariamente exigente con desafíos como el envejecimiento demográfico, la transformación del modelo económico, tensiones geopolíticas, transición energética y, sobre todo, una revolución tecnológica cuya implantación práctica avanza a gran velocidad en ámbitos como la inteligencia artificial, la robótica, la industria avanzada o la economía digital y que tendrá profundas consecuencias, también sociales. La cuestión, pues, ya no es solamente qué reformas necesita China, sino qué modelo de gobernanza necesita para conducirlas a buen puerto.

En este sentido, el tipo de Partido es clave y adquiere una centralidad que trasciende la lucha contra la corrupción, aunque esta continúe siendo uno de sus principales instrumentos. Desde la llegada de Xi Jinping al poder (2012), la centralización, la disciplina y la denominada “autorreforma” han sido presentadas como condiciones necesarias para preservar su capacidad de gobierno.

El fortalecimiento de los controles internos pretende reforzar la legitimidad del sistema, al tiempo que la concentración del poder ha reducido algunos de los contrapesos que habían caracterizado la etapa posterior a Mao. La reforma constitucional de 2018 eliminó la cláusula que impedía al presidente y vicepresidente ejercer más de dos mandatos consecutivos y reforzó constitucionalmente el papel dirigente del PCCh.

Desde esta perspectiva, el pleno de octubre puede representar algo más que una nueva campaña de disciplina interna. Puede contribuir a institucionalizar una concepción del liderazgo en la que la eficacia del Partido constituya la principal garantía de continuidad del proyecto modernizador. El Estado sigue siendo decisivo, pero el sujeto político último de la modernización se sitúa cada vez más claramente en el propio Partido.

Es aquí donde el xiísmo introduce una inflexión respecto a etapas anteriores. No se trata de abandonar la reforma, sino de subordinarla a que el PCCh conserve la capacidad organizativa, ideológica y política para conducirla.  El éxito de la modernización se hace depender de la capacidad del Partido para gestionar cambios, riesgos y transformaciones.

El horizonte de 2049 proporciona el marco de largo plazo. La modernización china no se concibe como una transición hacia un modelo político occidental, sino como la profundización de una trayectoria propia. En ella adquieren creciente importancia conceptos como la dirección centralizada, la disciplina, la responsabilidad política y la continuidad histórica del Partido. También se percibe una recuperación de referencias procedentes de la tradición política china, incluidas determinadas nociones de responsabilidad moral del gobernante y de armonía social, integradas ahora en el lenguaje político del “socialismo con características chinas”.

De ahí que la pregunta clave sea menos quién gobierna China -Xi tiene asegurado un cuarto mandato- y más qué tipo de Partido necesita China para afrontar la siguiente fase de su modernización. La respuesta que se está construyendo desde el xiísmo apunta a un Partido más disciplinado, más centralizado, tecnológicamente competente y capaz de penetrar con mayor eficacia todos los ámbitos de la gobernanza.

Eso implica también delimitar el sentido de las reformas políticas. La experiencia de los últimos años sugiere de forma rotunda que la reforma institucional no se orienta hacia una convergencia con los sistemas liberales, sino hacia la profundización del propio modelo. Así las cosas, todo apunta a un nuevo desplazamiento del centro de gravedad del proyecto chino, desde la reforma como motor de la modernización al blindaje del Partido como garantía de su viabilidad.

(Para Diario El Correo)