La creciente polarización política en Taiwán ha desembocado en una situación de bloqueo institucional que enfrenta al Gobierno del Partido Democrático Progresista (PDP) con una Legislatura controlada por la oposición. El pulso no es menor: afecta tanto a la tramitación del presupuesto general de 2026 como a un ambicioso plan especial de defensa, valorado en unos 40.000 millones de dólares, y ha abierto incluso el debate sobre la eventual destitución del presidente Lai Ching-te.

El detonante inmediato ha sido el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a la distribución de los ingresos y gastos públicos. Los legisladores del Kuomintang (KMT) y del Partido Popular de Taiwán (PPT) presentaron una petición ante el Yuan de Control solicitando el impeachment del primer ministro Cho Jung-tai, al que acusan de conducta ilegal y abandono del deber por negarse a refrendar la legislación aprobada por la Legislatura que aumenta la proporción de ingresos fiscales asignados a los gobiernos locales. Cho ha rechazado igualmente sancionar la ley que pone fin a los recortes de las pensiones de los funcionarios jubilados y de los maestros de la escuela pública.

La confrontación se ha extendido al ámbito judicial. Legisladores del KMT han presentado una denuncia legal contra cinco jueces del Tribunal Constitucional, a los que acusan de haber emitido un “fallo ilegal” al anular las reformas del tribunal aprobadas el año pasado. En este contexto, el Gobierno ha adoptado una medida sin precedentes al negarse a aplicar las enmiendas presupuestarias aprobadas por la Legislatura, alegando que se trata de una salvaguardia necesaria frente a una ley potencialmente inconstitucional, máxime cuando el Tribunal Constitucional se encuentra inoperante.

El equilibrio de fuerzas parlamentarias explica la profundidad del bloqueo. KMT y PPT controlan conjuntamente 60 de los 113 escaños de la Legislatura, frente a los 51 del PDP. Los dos escaños restantes corresponden a legisladores independientes próximos al KMT, lo que hace muy improbable alcanzar una mayoría de dos tercios en votaciones clave y condena al sistema a una parálisis prolongada.

Mientras tanto, el presidente Lai Ching-te persevera en su agenda, centrada en reforzar la defensa y en implicar activamente a la sociedad en esta estrategia. Paralelamente, insiste en la demonización de la política continental, desplazando ahora el foco hacia la denominada “jurisdicción de brazo largo” de Beijing, un concepto que busca subrayar la supuesta extraterritorialidad de las presiones y reforzar el relato securitario.

En este marco, Estados Unidos desempeña un papel central. Un reciente informe del Departamento de Defensa estadounidense, citado por Reuters, advierte de que China continental podría estar en condiciones de lanzar una operación militar contra Taiwán y lograr una victoria antes de finales de 2027. El documento analiza con detalle la rápida expansión y modernización de las capacidades militares chinas, siendo calificado por las autoridades de Beijing como interesadamente exagerado. Si bien el alineamiento con Washington no se ha traducido, por ahora, en avances sustanciales en el ámbito comercial, sí ha fructificado en un incremento de la cooperación militar. El Gobierno estadounidense ha anunciado la posible venta de ocho paquetes de armas a Taiwán por un coste total estimado de 11.100 millones de dólares.

En el plano exterior, Taipéi también ha intensificado su acercamiento a Japón. Las visitas frecuentes y los intercambios en múltiples frentes evidencian un estrechamiento de los vínculos bilaterales. Desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, asumió el cargo, ha reiterado en diversos foros internacionales —como la Cumbre Japón-Estados Unidos, la Cumbre ASEAN-Japón y la Cumbre APEC— su apoyo a la relación Taiwán-Japón, consolidando una sintonía estratégica de creciente visibilidad.

En América Latina, Taiwán observa con cautela los posibles movimientos de Honduras tras su reciente elección presidencial, en la que el ganador se comprometió a restablecer los lazos diplomáticos con Taipéi. Las autoridades taiwanesas han señalado que mantendrán una actitud “abierta y pragmática” ante estos desarrollos. El presidente estadounidense Donald Trump, que apoyó públicamente la candidatura de Asfura, respalda asimismo los intentos de Taiwán por recomponer la relación con Honduras, en un marco que conecta el Proyecto de Prosperidad de los Aliados Diplomáticos de Taipéi con la denominada Nueva Doctrina Monroe promovida por Washington.

Paradójicamente, este clima de tensión política y estratégica convive con una coyuntura económica claramente favorable. La Academia Sinica proyecta que Taiwán registre en 2025 su mayor crecimiento económico en quince años, impulsado por la fuerte demanda mundial de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial. El principal instituto académico de la isla prevé una tasa de crecimiento del 7,41 %, 4,48 puntos porcentuales por encima de su estimación de julio. Además, según datos del Fondo Monetario Internacional, Taiwán ha superado este año a Corea del Sur en ingreso per cápita por primera vez en 23 años, alcanzando los 37.827 dólares. En Asia, solo Singapur, Macao y Hong Kong se sitúan por delante.

El contraste entre el dinamismo económico y la parálisis política plantea, así, una paradoja central: una Taiwán próspera y tecnológicamente pujante, pero crecientemente atrapada en un bloqueo institucional que amenaza con erosionar su capacidad de gobernanza y de gestión estratégica en un entorno regional cada vez más volátil.