La China contemporánea es, en gran medida, fruto de la heterodoxia. Si Mao llevó la revolución al triunfo es porque ignoró las directrices de la Tercera Internacional, que le obligaban a apostar por la escasa minoría obrera concentrada en algunas ciudades y a aliarse con el Kuomintang, como expresión de la burguesía nacional. De haberlo hecho así, muy probablemente la revolución china nunca habría tenido lugar. Mao hizo de la apuesta por la sinización del marxismo, es decir, la adaptación a la realidad china, su principal activo ideológico.

Transcurridos casi ochenta años, el modelo político instituido en 1949 sigue esencialmente intacto, a pesar de las grandes transformaciones que China ha experimentado en el orden económico o social. Las vigas estructurales del sistema permanecen como reflejo de la hegemonía prácticamente absoluta ejercida por el Partido Comunista de China (PCCh) en todos los ámbitos y prevaleciendo sobre cualquier élite, sea cual sea su perfil. La cultura ideológica y organizativa así como el papel político y social del PCCh se ha afianzado  en un marco de continuidad sustancial en el ámbito institucional si bien con innovaciones conceptuales que reflejan una preocupación permanente por equilibrar la inmutabilidad con la evolución con los tiempos.

El PCCh hegemoniza la sociedad china y no hay otro plan para los años venideros. Nunca lo han ocultado pese a que en el exterior se alimentó el propósito de que las reformas económicas orientadas al mercado demolerían el carácter diferencial del sistema chino y lo orientaría por la senda liberal.

Evolución y singularidades

A cuatro aspectos conviene prestar atención. En el marco ideológico se ha registrado una importante innovación que ya se venía manifestando en el denguismo tardío, bajo Hu Jintao. Se trata de la diferente consideración del pensamiento clásico, muy vilipendiado durante el maoísmo por ser considerado entonces un execrable freno a las transformaciones revolucionarias. En la China de Xi Jinping, por el contrario, se ha incorporado el concepto de la “segunda combinación” (la primera es la relativa al marxismo y la realidad de China) que aboga por una nueva lectura, esta vez positiva, de la cultura tradicional. Se resuelve así una contradicción que había condicionado ampliamente la visión de los modernizadores chinos desde el siglo XIX.   

La “segunda combinación” sugiere armonizar los principios básicos del marxismo con la cultura tradicional china. De esta forma, Xi ansía reforzar la legitimidad cultural e ideológica del PCCh, presentando su pensamiento como una síntesis entre marxismo universal y cultura nacional. Es así como pretende completar a Mao al promover una “sinización” más profunda del marxismo, es decir, un marxismo que ya no solo se adapta a las condiciones sociales y económicas de China, sino también a su identidad civilizatoria, sugiriendo un proyecto ideológico que busca construir una base cultural y moral propia para el socialismo chino del siglo XXI.

Una segunda cuestión es la concepción de la ley y del Estado de derecho. China nació legista, se reconoce a menudo. Sin embargo, se desarrolló confuciana. El maoísmo entendía la ley como un corsé que limitaba el poder del Partido. Hoy la visión es diferente y el propósito de gobernanza a través de la ley o de asegurar el imperio de la ley sometiendo el poder a una “jaula de regulaciones”, forma parte de la narrativa política.

En las democracias liberales, el Estado de derecho se asocia con los derechos civiles y políticos e implica una separación de poderes. Difiere de la concepción del Estado de derecho del PCCh, que nos remite literalmente a aquella idea de “gobierno basado en la ley” y que tiene muy poco en común con el concepto democrático liberal. En el “sistema socialista de Estado de derecho con características chinas”, el sistema legal está bajo el liderazgo y la supervisión del Partido.

El Estado de derecho ha sido un tema recurrente en los planes de reforma y está presente en el discurso oficial de China desde principios de la década de 1980. La reconstrucción del sistema legal fue un aspecto importante de las reformas de modernización de China tras las campañas políticas de Mao Zedong, que culminaron en la Revolución Cultural. Tras la muerte de Mao, se implementaron medidas para evitar la concentración excesiva de poder y delegar la autoridad del Partido a los organismos gubernamentales, acentuando una relativa separación entre Estado y Partido.

Xi Jinping ha enfatizado la importancia del Estado de derecho desde que llegó al poder en 2012. El Cuarto Pleno del XVIII Comité Central del PCCh (2014) tuvo el Estado de derecho como tema general, concluyendo que proporcionaría una poderosa garantía para alcanzar los objetivos de los Dos Centenarios (del Partido y del Estado, 2021 y 2049, respectivamente) y hacer realidad el sueño chino del “gran rejuvenecimiento nacional”. Sin embargo, si los primeros treinta años de reforma legal y apertura atestiguaron una relativa despartidirización del sistema chino, la última década ha visto su repartidirización. El objetivo es mantener el liderazgo del PCCh para convertir a China en un país socialista bajo el Estado con derecho para el año 2035. 

Un tercer elemento es la democracia. El sistema político de “democracia socialista con características chinas” se distingue explícitamente de la democracia liberal occidental, considerada incompatible con las condiciones particulares de China. La falta de un sistema pluralista de partidos políticos que pugnan en similar igualdad de condiciones por la alternancia en el ejercicio del poder, se compensaría a través del ejercicio de la “democracia consultiva”, a través de la cual, el PCCh incorpora formalmente los intereses de varios grupos sociales labrando un consenso. La “democracia de proceso integral” de Xi se contrapone al estilo confrontativo y competitivo de la democracia occidental, en lacerante proceso de involución. Planteada en 2019, se postula como “más participativa” que los sistemas democráticos occidentales, que se centran únicamente en los ciclos electorales y no responden de forma coherente a las necesidades de la población.

En 2002, el XVI Congreso del PCCh incluyó la declaración de que “la democracia interna es el alma del partido”. Los principales pensadores del Partido exploraron los límites. Aunque circunscrito a una visión de democracia compatible con el gobierno de un solo partido, a finales de la década de 2000 y principios de la de 2010, se alentó un debate público sobre el fortalecimiento de la democracia interna en el seno del PCCh y la liberalización de las elecciones locales para permitir el pluralismo de posiciones e incluir a más miembros no pertenecientes al Partido. Candidatos independientes se presentaron a las elecciones y obtuvieron cierto éxito. En las elecciones locales de 2011, candidatos a favor de los derechos civiles intentaron entrar en la contienda ensanchando los contornos de la participación política.

Después de que Xi llegó al poder en 2012, la democracia se incluyó como uno de los doce “valores socialistas fundamentales”. Sin embargo, esto no marcó una conceptualización más liberal de la democracia. Los anteriores experimentos en participación fueron clausurados. En 2013, el Documento No. 9 definió la democracia liberal como una amenaza para la estabilidad política. Conceptos como la democracia constitucional, la separación de poderes y la independencia judicial se descartan regularmente como “pensamiento ideológico incorrecto” que debe enfrentarse con una resistencia resuelta.

La propuesta que Xi pretende instalar en el sistema político chino es la “democracia de proceso integral”. Si bien la noción de “proceso integral” es una nueva forma de describir la relación de la sociedad con el gobierno bajo el socialismo con características chinas, el término “democracia popular” es mucho más antiguo, con sus raíces en el marxismo-leninismo surgido tras la Segunda Guerra Mundial. La frase se relaciona con el concepto de dictadura democrática popular, incluido en el Preámbulo de la Constitución de la República Popular China, como “dirigida por la clase obrera y basada en una alianza de obreros y campesinos”. En este sentido, la idea de “democracia popular” significa, esencialmente, que el PCCh y el Estado representan y gestionan los asuntos en nombre del pueblo.

Estos enfoques relativamente renovadores de conceptos clave para entender el ejercicio del poder coexisten con otros impulsos como la liquidación efectiva de la dirección colegiada o la eliminación de las reglas de sucesión en el liderazgo, lo cual introduce altas dosis de incertidumbre política. Si Deng Xiaoping logró instituir procedimientos y reglas que redujeran el nivel de dramatismo en esta cuestión clave, los pasos de Xi han ido en otra dirección.

La “buena gobernanza” es otro atributo del discurso oficial chino que se popularizó a principios de la década de 2000, en sintonía con los debates globales en torno a este precepto. En esto, el enfoque del PCCh implica centrarse en una gobernanza eficiente, contener la corrupción y los abusos de poder, y fortalecer el marco legal y regulatorio, en lugar de permitir que los derechos institucionalizados de los ciudadanos y las partes interesadas no gubernamentales tengan voz y voto. La “eficracia” es el sistema chino de gobierno y se ha promovido como una alternativa viable y en última instancia superior en la salvaguarda y provisión de bienes públicos tales como seguridad y salud, sin verse laminado por una consideración “excesiva” de los derechos e intereses individuales.

Esta interpretación de la “buena gobernanza” está en línea con el discurso político-ideológico del PCCh que enfatiza el liderazgo absoluto del Partido, que fue codificado aún más en la Constitución china en 2018. El objetivo principal es asegurar que el PCCh cumpla su papel en gobernar bien el país. La estabilidad, el progreso social y la provisión de crecimiento económico se consideran puntos de referencia clave del éxito. Además, el impulso para modernizar la gobernanza conforme a esta visión enfatiza el control tecnocrático basado en datos bajo el liderazgo y la supervisión centralizados del PCCh, en lugar de compartir las responsabilidades de vigilancia con actores no gubernamentales o los medios de comunicación.  El modelo se presenta como más eficiente y superior al enfoque occidental de gobernanza y su énfasis en el Estado de derecho y la supervisión del poder estatal mediante la separación de poderes y la libertad de prensa.

Para el PCCh, la democracia se debe medir por la capacidad del sistema político para responder a las demandas mayoritarias de la sociedad, no por su nivel de participación formal. Para Xi, hoy, la “eficracia” no es una transición hacia una democracia más completa sino expresión de un “modelo alternativo de democracia china” que en buena medida considera prescindibles aquellos activos que en las democracias liberales se consideran irrenunciables hasta el punto de representar la “mínima compensación” por los desaguisados de una gestión a cada paso más controvertida y menos satisfactoria. 

En conjunto, el xiísmo aspira a configurar una filosofía de gobernanza y un sistema político que relegitime la hegemonía del PCCh, tratando de establecer un diseño de alto nivel concebido como expresión de una originalidad proveedora de mejores respuestas que las derivadas del liberalismo occidental. Tal sería el sustento político de una China situada en el cima del poder económico global.

¿Extrapolable?

La China de Xi no se inspira en Occidente ni pretende incorporar los valores liberales que este promueve. Por el contrario, en aras de evitar ese riesgo, profundiza en el ideario propio articulando un marco teórico que revalide el proyecto histórico del PCCh basado en una erudición y visión específicas de matriz nacional. De ahí sus particulares enfoques en temas como la democracia, la ley o la gobernanza, con la cultura como blindaje adicional.

El énfasis en la singularidad y la adaptación excluye, per se, cualquier propósito mesiánico por más que enfatice su excelencia. Esta visión refuerza la heterodoxia del modelo, muy alejado de los vigentes en el universo de influencia soviética que siguió a la Segunda Guerra Mundial pero también de la vocación universal del ideario liberal. Ese empeño, por el contrario, reserva su contundencia para la exigencia de absoluto respeto a su elección soberana y el rechazo de cualquier injerencia externa.

Puede que parcialmente, algún aspecto de su trayectoria exitosa en ámbitos no menores seduzca a terceros, especialmente en el Sur Global en relación a las políticas aplicadas para progresar en lo económico y social o tecnológico e incluso ambiental; no obstante, en lo estrictamente político, si algo sugiere en profundidad es que cada cual debe afanarse por buscar y encontrar su propio camino.

(Para Vanguardia Dossier 99).