En 1946, cuando el Imperio británico trataba de recomponerse tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, tomó forma en Hong Kong una iniciativa que, vista con la perspectiva de ocho décadas, adquiere un aire casi premonitorio: el llamado Plan Young. Ochenta años después, su conmemoración invita no solo a revisar una tentativa frustrada de reforma política, sino también a reconsiderar el largo hilo histórico que conecta el “siglo de humillación” chino con las tensiones contemporáneas en el enclave.

Bajo el gobierno laborista de Clement Attlee, el Plan Young debe su nombre a Mark Aitchison Young, gobernador de Hong Kong durante la guerra y de nuevo desde 1946. Tras la ocupación japonesa (1941-1945) y la posterior restitución del territorio al Reino Unido, Young regresó con la convicción de que el modelo colonial tradicional -autoritario, elitista y con escasa participación local- era insostenible en el nuevo clima internacional. El mundo había asistido a la derrota del fascismo en nombre de la libertad y la autodeterminación; además, en China se libraba la guerra civil entre nacionalistas y comunistas, lo que convertía a Hong Kong en un enclave geopolíticamente delicado.

La restitución del territorio tras la capitulación de Japón, formalizada en el marco de la rendición nipona en 1945, supuso la vuelta al statu quo anterior a la invasión. No hubo negociación con China sobre la soberanía y Londres simplemente reasumió el control colonial. Sin embargo, el contexto era distinto. El nacionalismo chino, tanto el del Kuomintang como el del Partido Comunista, veía en Hong Kong un símbolo del pasado imperialista. En ese marco, Young consideró que dotar al territorio de instituciones representativas podría legitimar la presencia británica y, al mismo tiempo, canalizar las demandas locales.

El núcleo del Plan Young consistía en la creación de un consejo municipal con mayoría elegida por sufragio, que asumiría competencias relevantes en materias administrativas y sociales. Se trataba de una reforma gradualista que no cuestionaba la soberanía británica ni el poder último del gobernador, pero sí pretendía introducir un principio de representación política más amplio. En cierto modo, anticipaba -aunque de manera limitada- la fórmula que décadas después se convertiría en bandera de sectores proliberales.

¿Por qué fracasó? Las razones fueron múltiples. En primer lugar, la resistencia dentro del propio aparato colonial. Parte de la administración y de los intereses económicos británicos temían que una apertura política debilitase el control y generase inestabilidad. En segundo término, el contexto regional se deterioró rápidamente: en 1949, la proclamación de la República Popular China bajo el liderazgo de Mao Zedong alteró por completo el entorno estratégico. Hong Kong pasó a ser frontera directa con un Estado socialista que veía el enclave como herencia de un pasado humillante, aunque optó pragmáticamente por no precipitar su recuperación. En ese clima de Guerra Fría incipiente, Londres priorizó la estabilidad y la función económica del territorio frente a experimentos políticos que podían interpretarse como riesgos innecesarios. El Plan Young quedó archivado, víctima de la prudencia imperial.

Pero el problema de Hong Kong no se gestó en 1946. Su raíz se hunde en el siglo XIX, en el ciclo de las Guerras del Opio (1839-1842 y 1856-1860), que culminaron con el Tratado de Nankín y la cesión de la isla de Hong Kong al Reino Unido. Para China, aquel episodio inauguró el llamado “siglo de humillación”, una etapa marcada por intervenciones extranjeras, tratados desiguales y pérdida de soberanía. Hong Kong encarnó esa herida abierta. A la cesión inicial se sumaron la península de Kowloon y, en 1898, el arrendamiento por 99 años de los Nuevos Territorios. Desde entonces, la cuestión de la soberanía quedó jurídicamente fragmentada, pero políticamente unificada en la conciencia nacional china.

El siguiente gran hito fue la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984, firmada por Margaret Thatcher y Deng Xiaoping. En ella, el Reino Unido aceptaba la devolución de Hong Kong a China en 1997, mientras que Beijing se comprometía a preservar durante 50 años un “alto grado de autonomía” bajo el principio de “un país, dos sistemas”. El acuerdo respondía a la expiración del arrendamiento de los Nuevos Territorios, pero también al ascenso de China como potencia. Londres negoció desde una posición de debilidad relativa, reconociendo que mantener indefinidamente el enclave sin el consentimiento chino era inviable.

En ese contexto, la figura de Chris Patten resulta crucial. Nombrado en 1992 por el gobierno conservador británico de John Major, Patten asumió como último gobernador con un programa de ampliación democrática más ambicioso que cualquier intento previo. Introdujo reformas electorales que expandían el sufragio en el Consejo Legislativo y ampliaban las bases de representación. Para sus defensores, se trataba de cumplir el espíritu de la Declaración Conjunta, fortaleciendo la legitimidad interna antes de la transferencia de soberanía. Para Beijing, en cambio, era una maniobra unilateral que alteraba los equilibrios pactados.

La paradoja histórica es evidente. Si el Plan Young fracasó en un momento en que el Imperio británico aún conservaba amplios márgenes de maniobra, el proyecto de Patten se desplegó cuando la cuenta atrás hacia 1997 era irreversible. Algunos han visto en su iniciativa un intento tardío, incluso oportunista, de dejar una impronta liberal en el ocaso colonial. Otros sostienen que fue una respuesta genuina a una sociedad hongkonesa cada vez más consciente de su identidad y de sus derechos. En cualquier caso, las reformas fueron desmanteladas o reformuladas tras la transferencia, lo que refuerza la impresión de un segundo intento frustrado.

Ochenta años después del Plan Young, la historia de Hong Kong revela esa constante de las tensiones entre soberanía, legitimidad y representación que han estado presentes desde su origen colonial. La herida del siglo XIX, el pragmatismo estratégico de la Guerra Fría y las negociaciones de la década de 1980 conforman un entramado donde cada intento de reforma se ha visto condicionado por equilibrios de poder más amplios. Conmemorar aquella iniciativa de 1946 no es un mero ejercicio académico; es recordar que las soluciones aplazadas, en contextos de transición imperial, tienden a reaparecer bajo formas nuevas y a menudo más agudas.