La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la renovación en 2021 de la concesión por 25 años otorgada a Panama Ports Company, la filial de Hutchison Ports, que venía operando bajo concesión las terminales de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), puertos ubicados en ambos extremos del Canal de Panamá. Sin duda, esto es algo que parecía imposible para China hasta hace bien poco. El eco de esta decisión resuena en toda América Latina.

El grupo CK Hutchison, con sede en Hong Kong, había anunciado el pasado año un acuerdo para vender su participación mayoritaria en los puertos panameños, y otros activos internacionales, a un consorcio que incluye a la empresa estadounidense BlackRock Inc., pero el acuerdo fue bloqueado debido a la oposición del gobierno chino. Beijing no ha perdonado a Li Kashing, multimillonario y magnate financiero de Hong Kong, por querer vender todos sus puertos de ultramar (fuera de China) a los estadounidenses. China, además, elevó el tono ahora advirtiendo a Panamá que pagarán un precio muy alto por esta afrenta. El presidente José Raúl Mulino, respondió asegurando que Panamá es un país soberano que no se dejará intimidar por ningún Estado.

No es necesario ser un experto en derecho constitucional y público para tener serias dudas sobre la pertinencia y novedad de los argumentos de la corte, pero corresponderá a un órgano arbitral evaluarlos. China ya anunció su intención de impugnar la decisión. Sin embargo, esto tomará algunos años. Mientras tanto, es difícil descartar la idea de que los jueces de la Corte Suprema hayan cumplido la tarea que se esperaba de ellos: proporcionar un marco legal para rescindir el contrato con la empresa china y transferirlo a una empresa ” occidental ” aceptable para Washington, en este caso el grupo danés Maersk.

Trump hizo de la eliminación de la influencia china sobre el Canal de Panamá una prioridad estratégica en la región. El actual secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, eligió Panamá como su primer viaje internacional en el cargo, lo que demuestra la importancia del tema para Washington. A pesar de las garantías del gobierno panameño y la Autoridad del Canal de que China no interfiere en la operación de la infraestructura, Rubio reiteró que el control de los puertos constituye un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. Trump incluso declaró públicamente que Panamá debería “devolver el canal”.

La influencia china en América Latina y el intento de Estados Unidos por frenar ese avance reflejan una muy seria encrucijada para los gobiernos de la región. Pese a dudas o reservas, han atestiguado en las últimas décadas los múltiples impactos positivos de la presencia comercial e inversora china. Pero esta “guerra” apenas ha comenzado.

El volumen comercial entre China y América Latina alcanzó los 565.280 millones de dólares en 2025, lo que supone un crecimiento interanual del 6,5 por ciento. Esta cifra supera los 500.000 millones de dólares por segundo año consecutivo y se sitúa por encima del crecimiento general del comercio exterior chino. En este marco, la logística es vital. China tiene inversiones o acuerdos operativos en decenas de puertos (en torno a 40) en América Latina y el Caribe, abarcando desde terminales portuarias hasta embarcaderos y plataformas. Empresas chinas han participado en la modernización, expansión o concesiones en países como Brasil, Chile, México, el Caribe y la costa atlántica. La gestión del Canal de Panamá por parte de China ha sido uno de los símbolos de la rápida expansión de su influencia en Latinoamérica.

Tras el Canal, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado fijó su nuevo objetivo al asegurar estar “preocupada por los últimos informes que indican que Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay”, calificándolo de “una advertencia para la región y el mundo”. En un país que atraviesa una profunda y crónica inestabilidad desde 2016, caracterizada por una constante pugna política, la sucesión de seis presidentes en menos de siete años y altos niveles de corrupción, cualquier cosa puede pasar.

El puerto de Chancay, en el que China ha invertido varios miles de millones de dólares, es un nodo comercial de aguas profundas y el primer puerto ecológico inteligente de Sudamérica, un proyecto emblemático de cooperación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta entre China y Perú.

En su encuentro en Múnich, el ministro chino Wang Yi pidió a Marco Rubio respeto, coexistencia y cooperación pero, en su mayoría, esas peticiones caerán en saco roto. La pugna por el control de los puntos neurálgicos del comercio global se antoja crucial para unos EEUU que multiplican los cálculos geopolíticos en todo el mundo pero muy especialmente en América Latina. Desde el Canal de Panamá hasta el petróleo venezolano, pasando por el Puerto de Chancay, el propósito de Washington se mantiene invariable: los principales activos de América Latina deben quedar bajo su control para evitar la pérdida de su tradicional estatus exclusivo en el hemisferio occidental. Lo de menos es el argumento formal esgrimido: los riesgos a la soberanía asociados a la presencia china en la región. Naturalmente, las limitaciones impuestas por Trump son para bien.

(Para Diario El Correo)